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Timor Oriental: el nuevo país toma sus primeros pasos independientes
07 Mar 2003
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    Mónica Rafael Simões, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Coimbra, Portugal, y colaboradora del Centro de Estudos para la Paz en Madrid, argumenta que el nuevo estado de Timor Oriental se enfrenta ahora en solitario a serios desafíos para crear una democracia independiente y sostenible. Según ella, resulta fundamental que esta joven nación consiga promover el desarrollo económico junto con la igualdad, estableciendo como prioridad el cuidado de las necesidades de los más pobres.

    El 20 de mayo de 2002, Timor Oriental se convirtió en el primer estado del siglo XXI.

    Sin embargo, la independencia marcó el inicio de otra compleja y ardua fase en la trayectoria del pueblo timorense.

    La destrucción y la violencia perpetradas por los militares indonesios y por las milicias creadas por ellos tras el referéndum de 1999, junto con la cultura de dependencia y corrupción resultante de la ocupación indonesia y del subdesarrollo heredado de la etapa colonial, dejaron al país en una situación de extrema vulnerabilidad y total dependencia del apoyo exterior para sobrevivir.

    El gobierno timorense ha definido como objetivos prioritarios la reducción de la pobreza y la promoción de un crecimiento económico rápido, equitativo y sustentable.

    La superación de los desafíos va a depender principalmente de la competencia y capacidad de los servicios gubernamentales y una de las tareas más urgentes para el futuro inmediato del país consiste en asegurar el desarrollo de una administración pública competente, capaz de crear las condiciones legales, económicas y sociales fundamentales para la promoción del sector privado y para atraer inversión extranjera.

    El éxito de las políticas y los objetivos del gobierno timorense dependerá del equilibrio entre la creación de las condiciones mínimas de salud, educación y bienestar para un desarrollo real de la población, y la implementación de medidas transparentes y responsables que consigan atraer la inversión directa del exterior en sectores estratégicos como agricultura, pesca, industria y turismo, sin comprometer la independencia nacional.

    La población timorensa se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad y las preocupaciones sociales más urgentes son el combate al desempleo y la mejora de los sistemas de salud y educación.

    Hay una enorme carencia de servicios de salud básicos y de profesionales calificados y es vital tomar medidas urgentes para la prevención del VIH/SIDA, teniendo en cuenta que la pobreza extrema, el alto índice de los niños de la calle y la prostitución pueden provocar la explosión de una epidemia sin precedentes.

    Respecto a la educación, la falta de materiales, la escasez de profesores calificados, la inexistencia de un currículum definido para el sistema educativo y las dificultades asociadas a la reintroducción de la lengua portuguesa, continúan siendo desafíos que demorarán años en superarse.

    Un de los grupos más vulnerables de la sociedad timorensa son las mujeres, que se enfrentan ahora con una profunda discriminación en la vida pública y con la violencia doméstica.

    Esta realidad es un reflejo de la cultura de intolerancia que se vive en un territorio en el que la violencia parece haber sido trasladada desde la insurrección contra el ocupante a la esfera privada, incentivada por los crecientes índices de desempleo y de tensión en la sociedad.

    Su capacitación será vital para la reconciliación de la sociedad y para la construcción de una comunidad civil respetuosa de los derechos humanos.

    Esa reconciliación depende, en gran medida, del trabajo de la Comisión de Acogida, Verdad y Reconciliación, creada para averiguar la verdad y para explicar las causas y la naturaleza de las violaciones de los derechos humanos cometidas entre abril de 1974 cuando el poder colonial portugués salió y octubre de 1999 cuando se terminó la ocupación indonesa.

    También el juicio sobre esas violaciones será esencial para fomentar la tolerancia e implementar la justicia económica, social y política, pero una de las lagunas del proceso es la incapacidad de Timor Oriental para juzgar a los principales responsables de los crímenes de 1999.

    La justicia timorensa presenta grandes deficiencias: además de la ausencia de formación, de experiencia jurídica y apoyo técnico a los jueces y abogados, hay una considerable limitación de recursos humanos y financieros y existe una falta general de coordinación y dirección.

    El desarrollo de un marco jurídico y regulador es una de las prioridades, debido a que el fin del régimen indonesio creó un vacío en términos legales y de mecanismos aplicables.

    El desarrollo económico ha sido casi inexistente y las perspectivas económicas a corto plazo deben tener presente un desarrollo sustentable, que haga la agricultura más productiva y favorezca otras oportunidades de crecimiento como el turismo y la explotación del petróleo y del gas natural en el Mar de Timor.

    El futuro económico de Timor Oriental dependerá, en última instancia, de la transparencia de la gestión de los ingresos de los recursos petrolíferos y del modo como éstos sean invertidos en proyectos rentables.

    El Banco Mundial es responsable por la tarea de administración de los fondos de los donantes, pero queda por saber con qué tipo de medidas sociales y económicas se presionará a Timor Oriental para que pueda recibir la totalidad de esta promesa financiera; y qué tipo de consecuencias tendrá en la sociedad timorensa esa gestión unilateral.

    Resulta fundamental que esta joven nación no sea otra víctima más de las políticas económicas de las instituciones financieras internacionales, y que consiga promover el desarrollo económico junto con la igualdad, estableciendo como prioridad el cuidado de las necesidades de los más pobres.

    Es también imprescindible recordar la acentuada vulnerabilidad de un país que nunca conoció estructuras gubernamentales propias.

    La promoción de un diálogo constructivo entre los ciudadanos y el gobierno será esencial para la edificación de una democracia real, en la que el proceso de toma de decisiones y la legislación adoptada correspondan a las necesidades del país y de la población.

    Numerosos obstáculos esperan a este país. Sin embargo, su potencial humano, la fuerza y el coraje de su pueblo, aliado a un gobierno serio, y el apoyo técnico y financiero consistente de la comunidad internacional, ofrecen esperanzas para hacer sustentable su futuro.
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